Arrancan las inspecciones a los apartamentos turísticos en Córdoba

La Consejería de Turismo inició el pasado mes de mayo el proceso para inspeccionar los pisos turísticos oficialmente registrados con el objetivo de hacer cumplir las normas que atañen a esta actividad. La consecuencia de este proceso de carácter aleatorio es otro: la Junta está empezando a ordenar tanto modificaciones internas en las viviendas como el cierre de las mismas cuando no se cumplen tanto las normas propiamente turísticas como las derivadas de esta actividad.

Los pisos turísticos se han configurado como una alternativa de propietarios de viviendas que no pueden o no quieren venderlos o alquilarlos a largo plazo. En Córdoba, el cálculo más fiable es que hay unas 700 viviendas que están o inscritas o en proceso. La entrada en el registro se realiza mediante una declaración responsable en el que el propietario asegura que cumpla con las condiciones establecidas por el Gobierno andaluz para operar en este mercado.

Esto significa que la Junta no incluye directamente las viviendas que cumplen con las condiciones sino que primer inscribe y posteriormente realiza las comprobaciones.

Llamadas

La campaña de inspecciones comenzó oficialmente la segunda semana del pasado mes de mayo cuando se cumplió exactamente un año de la entrada en vigor del decreto que se estableció como el periodo de colchón para adaptarse a estas exigencias. Desde entonces, los propietarios de pisos turísticos están empezando a recibir las llamadas de los inspectores de la Junta de Andalucía para pasar la comprobación obligatoria.

Los requisitos tienen dos partes. Los que se encuentran estrictamente en el decreto y los que forman parte de medidas conexas relacionadas con el sector turístico. Los primeros son cuestiones como disponer de aire acondicionado en todas las estancias (una de las medidas más polémicas, que se encuentra en los tribunales), tener lavadora, que la vivienda y los enseres en un estado correcto o disponer de un botiquín y guías turísticas actualizadas. La Junta da un plazo de entre diez y veinte días para solventar aquellas cuestiones que aparecen en las actas de inspección o, en su caso, para el cierre inmediato de la vivienda como actividad de negocio.

En segunda instancia, la Consejería de Turismo está reclamando el cumplimiento estricto de la norma que obliga a comunicar a la Policía Nacional la entrada y salida de todos los mayores de 16 años y a custodiar la documentación durante tres años. Se trata de un requisito que se le pide a los hoteles y a las pensiones que han de cumplir también los propietarios de este tipo de pisos.