Andalucía - Córdoba

Adiós a la patada a la puerta

La Junta detecta 52 okupas en su parque de viviendas sociales de la ciudad

Patio en la barriada de Las Palmeras
Patio en la barriada de Las Palmeras - ARCHIVO

El pasado mes de febrero, un juzgado de Instrucción de Córdoba ordenó el desalojo de una vivienda y una multa a la mujer que se encuentra en su interior. Se trata de un ejemplo, lamentable, que está a la orden del día. Lo que es menos frecuente que el demandante era la Junta de Andalucía y la vivienda ocupada sin título era un piso protegido para rentas bajas. La condena fue dejar la vivienda y pagar 630 euros de multa aunque el pasado mes de junio la Audiencia Provincial decidió reducir esa cifra a la mitad aproximadamente.La usurpación, según el Código Penal, es una actividad prácticamente despenalizada.

La cuestión es que no es un caso único. De hecho, tiene una explicación. Durante el mandato de gobierno de coalición en la Junta entre PSOE e IU, la consejera Elena Cortés impuso la política de desalojos cero. Incluso en los casos más flagrantes, la política de Vivienda era no promover el abandono forzoso de la vivienda.

La cuestión ha cambiado y la Junta reconoce haber detectado, en lo que va de legislatura autonómica, 52 viviendas de protección oficial de su propiedad ocupadas. En segundo lugar, se encuentran aquellas viviendas de las que se hace «un mal uso», bien porque estaban vacías teniendo adjudicatario, bien porque la utilidad no era la aconsejada para una VPO social.

Todo ello se explica porque la Junta tiene en marcha un macroplan de inspección de sus viviendas en Andalucía que tiene como objetivo que todos sus pisos sean verificados al menos una vez al año. Y son unos pocos. En total, la agencia pública AVRA tiene en Córdoba 8.408 viviendas de las que 5.428 son en alquiler (particularmente en núcleos como Morenas, Palmeras o barrio del Guadalquivir) y las restantes, 2.980, en compraventa o acceso diferido a la propiedad.

La llegada al PSOE a la Consejería trajo también el desarrollo de la estrategia de censurar la patada en la puerta como acceso a la propiedad. Este tipo de viviendas se asignan por medio de registros públicos, informados por trabajadores sociales en los casos donde la exclusión es una realidad, y lo que se encontraban los profesionales es que las viviendas ya estaban ocupadas cuando se iban a entregar. «La estrategia de hacer cumplir con la legalidad es una función social de primer orden», explica la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía sostiene que la situación no es tan simple entre desalojar o no. Entre medias, se ha desarrollado un programa de ayuda al inquilino cuando se encuentra con problemas severos para pagar la renta. En total, Vivienda ha tramitado en dos años 98 expedientes para minorar la renta o postergar su pago hasta tanto la familia adjudicataria dispone de recursos para ello.

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