APUNTES AL MARGEN

¿Por qué 35 horas en el Ayuntamiento de Córdoba?

¿Por qué razón ha de existir un horario específico de quien cobra de la Administración?

Ambrosio y Lavela en el salón de plenos municipal
Ambrosio y Lavela en el salón de plenos municipal - VALERIO MERINO

El gobierno municipal de Córdoba, como está ocurriendo con muchas instituciones con el PSOE presente, ha decidido reinstaurar la jornada laboral de 35 horas para sus empleados. Se trata de un gesto que están adoptando todos los gobiernos con presencia socialista (la Junta de Andalucía lo aplicará el próximo 16 de enero de 2017) con el objetivo, se entiende, de que el Gobierno del PP la recurra al Tribunal Constitucional, que es lo que ocurrió con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es, pues, postureo político. Una decisión para reconciliarse desde la izquierda con el grueso de los trabajadores que dependen de las administraciones en busca de un voto que ha sido siempre fiel hasta que llegaron los recortes instaurados, primero, por Rodríguez Zapatero y, después, por el primer Ejecutivo de Rajoy.

La tesis de la jornada laboral de 35 horas tomó cuerpo en Francia, cuya primera legislación sobre la materia data de 2000. La teoría es simple como el mecanismo de un chupe. Entiende que, con una cantidad de trabajo determinada, acortar la jornada laboral y establecer límites a las horas extraordinarias implica que la faena hay que repartirla. Sobre esa hipótesis, la cuestión sería que a menos jornada laboral más empleos se crean. En España, solamente la Izquierda Unida de Julio Anguita tomó esa bandera aunque lo cierto es que el PSOE decidió realizar algunas iniciativas concretas. A finales de los años 90, la Junta publicó un decreto que subvencionaba con 200.000 pesetas cada puesto de trabajo creado en empresas que redujesen jornada manteniendo salario.

Los análisis realizados al respecto son contradictorios. Los propios socialistas franceses, acreditados padres de la criatura, tienen un debate fuerte. La reforma laboral de Hollande no suprimió su vigencia pero abrió la puerta a que las negociaciones colectivas dispusiesen otra organización del trabajo. Para sus defensores supone una seña de identidad. Existen informes de todo tipo. Particularmente, aquellos que son críticos con la incidencia real de estas normas sobre el mercado de trabajo y los que aseguran que solo se aplicaron, masivamente, en un lugar: las entidades públicas.

Probablemente, dentro de algunos años el debate sobre la jornada laboral se haya superado más por incidencia de la tecnología que por otras cuestiones. De momento, los datos objetivos es que en España se trabaja unas 50 horas de media más que en los países de nuestro entorno. Y que el global del país se encuentra unas décimas por encima de las 40 horas semanales.

La cuestión, añagazas de conciliación aparte, es la siguiente: ¿por qué los trabajadores que dependen de las administraciones (uno de cada cinco) han de tener un horario laboral medio distinto al que han de desempeñar el resto de personas asalariadas de un país? Se entendería, por ejemplo, una jornada horaria diferenciada en oficios específicamente penosos o que se efectúen en unas condiciones concretas. Se supone que la cuestión que ahora toca responder es por qué un administrativo municipal o de la Junta tiene que contar con una jornada cinco horas semanales menor a la del empleado de similar categoría de la empresa privada. Por qué ha de existir -de forma generalizada- una regulación distinta de las condiciones mínimas de trabajo de unos empleados y otros siendo ciudadanos todos de la misma nacionalidad.

Se pudiera entender que el funcionariado ha pagado los efectos de la crisis en exclusiva. Y no existe un análisis racional que permita aseverar tal cosa. Hoy existen más empleados públicos que en 2007, una parte de los recortes se han demostrado reversibles y donde unos han perdido salario otros se han hallado directamente en la calle. El derecho a trabajar menos, hasta el momento, no viene en ningún sitio.

De todos los recortes injustos e ingratos, la desaparición de las 35 horas con efectos generales fue la de mayor sentido común. Si se produce una derogación «de facto», lo de menos es que se produzca un poco de pedagogía política. Y es que quienes tienen que tomar estas decisiones se sienten ante el común de los trabajadores y expliquen por qué solo para algunos agraciados. Por qué esa desigualdad es tan progresista.

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