El 21% de los empleados del Ayuntamiento de Córdoba afectados por las dudas jurídicas sobre sus tareas

Los trabajadores municipales se han visto sorprendidos en los últimos días con una nueva polémica que ha originado ciertas dudas entre los propios empleados y en el gobierno local. La situación viene derivada de sendos informes legales realizados por el secretario general del Pleno y por el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local contrarios a la firma de expedientes municipales por parte de personal laboral al ser una competencia exclusiva de los funcionarios. La realidad es que esta problemática no se circunscribe a una reducida parte de la plantilla, sino que su número es importante dentro del personal municipal. Según los presupuestos del Ayuntamiento del presente ejercicio, los trabajadores laborales que desarrollan su labor en la matriz ascienden a 577 personas.

Esta cifra representa algo más de un 21% del total de empleados municipales, que se sitúan en los 2.746.

Esto quiere decir que uno de cada cinco de los trabajadores del Consistorio no tiene su puesto en propiedad. Los funcionarios se colocan en un total de 2.060 (75%). El problema es incluso mayor en las empresas municipales y en los organismos autónomos. Así ocurre por ejemplo con la Gerencia de Urbanismo, donde la presencia de personal laboral es numerosa. Partidos como Ciudadanos y todos los sindicatos consultados por ABC han denunciado que la firma de expedientes por parte de laborales en lugar de funcionarios es una práctica que existe en el Ayuntamiento desde hace años.

«Alarma excesiva»

Desde CTA, sindicato mayoritario en el Consistorio, se defiende en primer lugar la legalidad en cuanto que determinados actos están reservados en exclusiva a los funcionarios. Sin embargo, uno de sus delegados, Juan Miguel Carvajal, manifestó la necesidad de respetar los derechos de los empleados laborales y su oposición a que se produzcan despidos. En su opinión, «se está generando una alarma excesiva con este asunto en líneas generales, ya que habrá que ver caso por caso si hay algún expediente que no se ha tramitado adecuadamente».

La secretaria de CCOO en los órganos de representación laboral del Ayuntamiento, María José Víboras, indicó que lo primero que debería hacerse es sacar a concurso las plazas no ocupadas por funcionarios a fin de consolidarlas. La responsable de Administración Local de UGT en Córdoba, Lourdes Muñoz-Torrero, mostró su confianza en que este asunto no afecte finalmente a los ciudadanos. Más crítico fue el sindicato CSIF, cuyo delegado en el Ayuntamiento, Rafael García, manifestó sus dudas sobre si el actual equipo de gobierno tendrá valor para ponerle «el cascabel al gato» en un tema tan delicado. CSIF apuesta por que «todo el que entre a formar parte de la plantilla municipal lo haga a través de un procedimiento que garantice los requisitos de mérito, capacidad y publicidad» y recordó que la legislación actual dice que debe hacerse mediante oposiciones, después de que el proceso de funcionarización ha dado lugar a «muchos abusos».