La agencia que abonó los ERE quiso pagar la defensa de sus imputados

IU obliga a IDEA a rectificar un acuerdo para dedicar una partida de 900.000 euros y advierte al PSOE de que ya «no gobierna Chaves»

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LA Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz (IDEA), un ente de la Administración «paralela» de la Junta que se encargó de abonar buena parte de los ERE irregulares objeto de investigación, ha tratado en los últimos días de asumir, con dinero público, el pago de la defensa de los miembros que integraron su cúpula directiva entre 2001 y 2009, y que en mayo de este año fueron imputados por la juez Mercedes Alaya por el presunto delito de fraude. El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, se vanaglorió ayer de haber conseguido la marcha atrás de IDEA, presidida por el viceconsejero de Economía, Luis Nieto, y advirtió al PSOE, socio de Izquierda Unida en el Ejecutivo de la Junta, que ya no se gobierna «como en los tiempos de Chaves».

Maíllo compareció ayer en rueda de prensa en los pasillos del Parlamento para mostrar su satisfacción después de que el Consejo Rector de la Agencia IDEA, en su reunión del pasado jueves, rectificara y atendiera la petición de los miembros de IU de suspender el acuerdo adoptado el día 13.

En esta jornada, los representantes de Izquierda Unida en el Consejo dejaron constancia por escrito de su rechazo a que IDEA asumiera el coste de las defensa de los imputados, entre los que se encuentran personas muy conocidas en el mundo de las finanzas y la política, como el presidente de Unicaja, Braulio Medel; el expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón; el exsecretario general de Universidades, José Domínguez Abascal, y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río. También están encausados los exdirectores generales de IDEA Francisco Mencía, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.

Antonio Maíllo valoró en clave positiva que el Gobierno que preside Susana Díaz haya respondido con celeridad a los planteamientos de IU, y a renglón seguido dirigió sus críticas hacia el presidente del Consejo Rector de IDEA y viceconsejero de Economía, Luis Nieto, a quien reclamó explicaciones «satisfactorias y convincentes» sobre por qué se adoptó el primer acuerdo que reservaba una partida de 900.000 euros para asegurar el pago de minutas para la defensa de su cúpula directiva imputada. Si no las da, enfatizó, «tendrá que asumir sus responsabilidades». Y añadió: no puede haber partes en este Gobierno que no se hayan enterado de que no funcionamos como en los tiempos de Chaves».

En Andalucía, proclamó Maíllo, no se va a gastar «ni un euro en la defensa de los imputados por casos de corrupción», aunque el dinero sí se debe emplear en que la Junta se presente «como acusación particular y para luchar en los estamentos judiciales para que se devuelva el dinero robado».

Aseguradoras

Mientras, IDEA emitió un comunicado en el que sostiene que no aportará «en ningún caso recursos públicos» para la defensa de los imputados, al tiempo que arremete contra las aseguradoras que, teóricamente, tendrían que haber asumido el coste del amparo legal.

Según IDEA, desde 1993 mantiene suscrita una póliza de responsabilidad civil que da cobertura a los miembros de los órganos de gobierno y gestión de la agencia. Al producirse la imputación, IDEA trató de acogerse al seguro, intento que fracasó por la negativa de las aseguradoras. Ante esta situación, la agencia ha recurrido a los tribunales de justicia por un presunto incumplimiento, y mientras se resuelve el pleito mantiene negociaciones extrajudiciales.

De momento, las aseguradoras se niegan a anticipar los pagos de las defensa de responsabilidad civil suscrita en la pólizas, y en última instancia, si se llega al consenso entre IDEA y las compañías, insiste el comunicado en que el acuerdo tendría un carácter comercial «y en ningún caso supondría la aportación de recursos públicos».

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