Andalucía - Cádiz

Nadie quiere presidir el Ayuntamiento de Chipiona

Tras la dimisión del alcalde popular, PSOE e IU no han dado ningún paso para una moción de censura

El exalcalde Antonio Peña, el pasado 10 de octubre cuando presentó su dimisión
El exalcalde Antonio Peña, el pasado 10 de octubre cuando presentó su dimisión - ABC
ANTONIO JIMÉNEZ Chipiona - Actualizado: Guardado en: Andalucía , Cádiz

La dimisión de Antonio Peña (PP) como alcalde del municipio gaditano de Chipiona, motivada por su negativa a proceder, por orden judicial, al derribo de viviendas ilegales construidas en la etapa del gobierno socialista, ha provocado un vacío de poder en un consistorio que ha sido escenario de las renuncias de otros tres primeros ediles, siempre por decisiones judiciales.

A día de hoy, nadie quiere tomar el relevo, si bien en el equipo de gobierno hay dos nombres que se barajan para ocupar el despacho presidencial. PSOE e IU, que podrían hacerse con el poder a través de una moción de censura, no han dado de momento paso alguno en ese sentido.

Los tenientes de alcalde Isabel Jurado y Manuel Rodríguez son los principales candidatos del PP para sustituir a Antonio Peña y asumir la responsaabilidad de llevar a efecto la ejecución de 29 expedientes de derribo de viviendas que se edificaron ilegalmente hace más de diez años, cuando el PSOE gobernaba en la localidad.

Fue el entonces alcalde, Manuel García Moreno, el que hizo entrega en el juzgado de más de 300 expedientes de viviendas levantadas de forma irregular.

Ha pasado el tiempo y la autoridad judicial ha determinado que ya no se pueden dar más aplazamientos, de ahí que los derribos de las primeras 29 casas deban ser inminentes.

Zonas inundables

Según manifestó Antonio Peña cuando anunció su dimisión, el pasado martes, se está pendientede una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitiría legalizar muchas de esas viviendas, que no se encuentran en zonas inundables ni especialmente protegidas.

Peña indicó que parte de las casas sobre las que pesa orden de demolición son de primera residencia y, además, se encuentran en núcleos donde abundan grandes viviendas de segunda residencia que «ni si quiera tienen denuncia».

En su opinión, esto supone «un agravio comparativo», por lo que consideró «injusto y complicado» acceder a esa obligación que tiene el Ayuntamiento de hacer cumplir la sentencia de derribo. A ello se suma que desde el equipo de gobierno se ha estado «intentando buscar empresas capaces de hacer frente a la demolición y hasta la fecha no las hemos encontrado».

Por otra parte, aludió ala vertiente «moral» del asunto, planteando que «muy difícilmente una persona se puede acostar tras demoler una vivienda a una familia, a la que ha echado a la calle, y encima pasarles una factura por ello».

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