Condenan a diez años de inhabilitación a un exalcalde socialista en Almería por prevaricación urbanística

La Audiencia de Almería ha impuesto una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público al exalcalde de Oria (Almería), José Pérez (PSOE), por un delito continuado de prevaricación por realizar contrataciones de obras y servicios sin emplear procedimiento administrativo alguno.

La sentencia, consultada por Efe, absuelve sin embargo al exregidor de los delitos de fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos que le imputaba la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Oria, que también consideraba que Pérez había cometido siete delitos de prevaricación en lugar de uno continuado.

De esta forma, los magistrados de la Sección Tercera consideran probado que el acusado suscribió entre 2007 y 2011 «numerosos contratos de trabajo de duración determinada para los que no había previsión presupuestaria».

En concreto, contrató a 35 personas a pesar de saber que «actuaba al margen del ordenamiento jurídico» y «sin seguir procedimiento alguno, justificar las causas por las que recurría a la contratación laboral temporal,ni las que determinaban la elección de esas personas».

Los magistrados sostienen que Pérez hizo «prevalecer de este modo su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de posibles interesados».

Por otro lado, se considera probado que durante el mismo periodo y de la misma forma contrató a otras nueve personas, que cobraban del Ayuntamiento en metálico o por cheque tras firmar un recibo para dejar constancia, como monitores para actividades deportivas.

Asimismo, adjudicó de forma directa «sin procedimiento administrativo alguno», las obras de la segunda y tercera fase de la guardería infantil del municipio por importes de 191.000 y 209.000 euros, respectivamente.

En su condición de alcalde, Pérez compró además una retrocargadora mixta por de 78.200 euros y una barredora dumper por 52.293,64 euros, nuevamente sin procedimiento administrativo y «haciendo prevalecer» su voluntad.

Pérez hizo lo mismo con otra empresa, con la que contrató tres proyectos técnicos de arquitectura por importe de 54.027, 25.461,54 y 47.915,84 euros.

El exalcalde también contrató de esta forma la elaboración de un catálogo de construcciones en suelo no urbanizable por importe de 158.166 euros, a pesar de que en el Registro General del Ayuntamiento constaban tres ofertas de otras tantas empresas del sector para este servicio.

«Como consecuencia de algunos de los hechos antes descritos y de otras actuaciones realizadas por el Ayuntamiento a instancia del acusado, el ente local contrajo durante el período de su mandato una deuda con 25 proveedores y contratistas que a 24 de octubre de 2012 ascendía a 388.740,62 euros», añaden los magistrados.

Todo ello pese a la «inexistencia de consignación presupuestaria y de expedientes administrativos de contratación y aprobación del gasto», llegando Pérez a reconocer una deuda de 77.611,88 euros cuatro días antes de dejar el cargo, sin la aprobación del pleno.

Los magistrados insisten en que las «las arbitrariedades son palmarias» e insisten en que Pérez logró que «prevaleciera su voluntad sobre los intereses del Ayuntamiento y de potenciales interesados en los contratos que adjudicó», de forma que estas «resoluciones ocasionaron un resultado materialmente injusto».