Sevilla, 7 abr (EFE).- La Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía ha anunciado hoy que pedirá judicialmente la suspensión cautelar de cualquier agencia pública empresarial que cree la Junta de Andalucía tras el "demoledor" informe del jurista Manuel Clavero Arévalo, que considera anticonstitucional esta reforma.
El informe del bufete de Clavero Arévalo encargado por estos funcionarios sostiene que la reforma de la función pública emprendida por la Junta, una de cuyas propuestas es fusionar agencias y empresas autonómicas, vulneraría cinco artículos de la Constitución y otros del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que cuestiona su constitucionalidad.
Según las conclusiones de este informe jurídico, las agencias públicas empresariales que quiere crear la Junta de Andalucía violarían el artículo 9.3 de la Constitución, al no quedar claro si se regirían por el derecho público, por el privado o por ambos, lo que generaría indefensión de los ciudadanos y atentaría contra el principio de seguridad jurídica.
A juicio de Clavero Arévalo, otros puntos de esta reforma administrativa vulnerarían el artículo 103.3, el 149.1.18, el 13 y el 23 de la Carta Magna, porque atentarían contra el acceso con garantías a la función pública, la actividad y atribuciones de los funcionarios, entre otros aspectos, y además otorgarían potestades administrativas a entes empresariales.
Según este dictamen, algunos puntos de la nueva normativa no respetan que la actividad de los funcionarios ha de ser completa y no reducirse a la mera firma de expedientes ya tramitados por el personal laboral.
Este estudio jurídico recuerda que la actividad de las administraciones públicas debe de ser desempeñada, como regla de carácter general, mediante un sistema estatutario ejercido por funcionarios públicos, dejando para el personal laboral funciones excepcionales de apoyo relacionadas con diversos oficios.
Una representante de esta plataforma ha destacado, en rueda de prensa, que este "demoledor" informe refuerza la oposición de este colectivo a la reforma administrativa emprendida por la administración andaluza, y ha advertido de las consecuencias que tendría la posible aprobación por el Consejo de Gobierno, el próximo martes, de la creación de estas controvertidas agencias públicas.
